Comunicado de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ONU Mujeres y la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en El Salvador ante el debate sobre las propuestas de reforma al artículo 133 del Código Penal de El Salvador

 

En el contexto del debate legislativo sobre la reforma del artículo 133 del Código Penal salvadoreño, los organismos que emitimos este comunicado suscribimos el llamado realizado por diversos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas al Estado salvadoreño, para salvaguardar el derecho a la salud y la vida de las mujeres, así como para garantizar sus derechos humanos de conformidad con los compromisos internacionales adquiridos.

 

Tanto el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones finales en abril de este año, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante su visita oficial al país en noviembre de 2017, recomendaron al Estado salvadoreño suspender la criminalización de las mujeres por la interrupción del embarazo y “revisar todos los casos de mujeres que han sido encarceladas”.

 

El Comité de Derechos Humanos también manifestó su preocupación por los informes relativos al elevado número de casos de suicidios relacionados al embarazo, añadido a la denuncia obligatoria del sistema de salud cuando las mujeres buscan atención por complicaciones relacionadas con la interrupción del embarazo, lo que constituye un grave problema de salud pública. 

 

Por su parte, el Comité de la CEDAW expresó, en sus observaciones finales, su preocupación por la incompatibilidad de la legislación nacional con la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en relación con la penalización absoluta de la interrupción del embarazo y en febrero pasado, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sra. Agnes Callamard, al finalizar su visita al país pidió al Estado de El Salvador despenalizarlo.

 

Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha recomendado a los Estados que modifiquen las leyes restrictivas y faciliten el acceso pleno a la asistencia de calidad en salud sexual y reproductiva para todas las mujeres, principalmente las que no tienen acceso a servicios, recursos y oportunidades, capacitando a los proveedores de servicios de salud para que conozcan su responsabilidad y su rol en el respeto del derecho de las mujeres a adoptar decisiones autónomas. Esto es clave para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo al acceso universal a la salud sexual y reproductiva (meta 3.7).

 

“Es esencial que se garantice a las mujeres el derecho a la vida y a su salud reproductiva”, expresó el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en El Salvador, Christian Salazar Volkmann, “Y no deberían enfrentar riesgos ni ser perseguidas ni criminalizadas en este contexto”, concluyó.

 

Los organismos que suscribimos este comunicado, exhortamos a la ciudadanía y a las y los funcionarios de las instituciones públicas y privadas, a favorecer el más amplio y completo debate alrededor de las propuestas de reforma al artículo 133 del Código Penal, sin menospreciar, atacar ni descalificar a ninguna persona o ningún punto de vista, para mantener abierto el diálogo y establecer un marco legal e institucional que sea respetuoso de los derechos de las mujeres, de conformidad con los tratados internacionales ratificados por el Estado salvadoreño.

 

Consideramos que en este debate debe prevalecer una perspectiva de derechos y de salud pública en el que se protejan los derechos a la vida y a la dignidad de las niñas, adolescentes y mujeres. Finalmente, reiteramos al Estado y a la sociedad salvadoreña nuestra disposición para facilitar la construcción de entendimientos que garanticen el ejercicio pleno de todos los derechos humanos de todas las niñas, adolescentes y mujeres salvadoreñas.